El juez Lijo inició la investigación por los préstamos del Banco Nación y ordenó una auditoría a la AGN

Ante un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo firmó una resolución con medidas de prueba para determinar si los créditos hipotecarios que el Banco Nación concedió a un grupo de dirigentes y funcionarios libertarios, se hicieron bajo la normativa vigente. Se trata de nueve préstamos por un total de 2.500 millones de pesos. Además, el magistrado ordenó una auditoría a la AGN.

El Banco Nación otorgó al menos nueve créditos hipotecarios a dirigentes oficialistas. Hay varias preguntas al respecto: ¿Hubo algún favoritismo? ¿Se entregaron montos correspondientes a los ingresos de los solicitantes? ¿Se otorgaron respetando la normativa de la entidad financiera? Son algunos de los interrogantes que el fiscal Gerardo Pollicita busca esclarecer.

Los créditos fueron de entre 200 a 315 mil dólares, cifras superiores al promedio general.

Ante la justicia federal se radicaron tres denuncias que fueron unificadas en el juzgado de Lijo, quien a su vez, investiga a Manuel Adorni. Los delitos que se piden investigar son: administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La fiscalía busca determinar si bajo la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación se otorgaron créditos hipotecarios de forma irregular e ilícita. El foco está puesto en dos posibles irregularidades: la inobservancia de la normativa financiera vigente y la concesión de privilegios indebidos a funcionarios públicos, empleados estatales y legisladores.

Entre las medidas de prueba impulsadas, se solicitó al Banco Central que aporte el marco normativo de los créditos y detalle si hubo flexibilizaciones desde diciembre de 2023.

Al Banco Nación, el juez le pidió los legajos completos (físicos y digitales) de los créditos otorgados a las personas señaladas, incluyendo recibos de sueldo, escrituras y eventuales reportes de operaciones sospechosas.

Asimismo, se solicitó un informe sobre el total de créditos otorgados a funcionarios versus la cartera general de clientes.

A la Jefatura de Gabinete y a la Cámara de Diputados, se les pidió que confirmen los roles públicos que desempeñaban los beneficiarios al momento de recibir los préstamos.

Pollicita quiere determinar si se allanó el camino a los beneficiarios con el crédito por su pertenencia partidaria, si hubo algún informe técnico desfavorable que se desoyó, si los créditos se entregaron en plazos récord en relación a los demás solicitantes, si los montos corresponden a los ingresos declarados por los beneficiarios.

El gobierno negó cualquier hecho ilícito y el Banco Nación explicó que existe una línea de créditos hipotecarios destinada a empleados públicos que cubren hasta el 90% de la vivienda (los otros programas sólo cubren hasta el 75%). Esa línea pensada para personal del Estado es más ágil y es la que se otorgó a los nueve libertarios bajo análisis.

Frente a este escenario se ordenó investigar los créditos otorgados a una lista de funcionarios y legisladores, entre ellos: Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Felipe Núñez, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Sharif Menem, entre otros.

​El fiscal ordenó las medidas de prueba en función de los datos de la Central de Deudores del Banco Central. Se señala que algunos beneficiarios habrían accedido a créditos millonarios (en algunos casos de hasta 350.000 dólares). La denuncia refiere que esos otorgamientos presuntamente no contaron con la capacidad económica o los antecedentes requeridos, o los beneficiarios ya tenían otros bienes inmuebles declarados.

Al Banco Central también se le solicitó que “aporte el marco legal y normativo, las comunicaciones, circulares y todo otro instrumento técnico que regule el procedimiento de otorgamiento de créditos hipotecarios, vigente para las entidades del sistema financiero.

Al Banco Nación también se le pidió la documentación con los informes de titularidad del registro de la propiedad inmueble de la Capital Federal o de las jurisdicciones del interior del país que se hubieren recabado, recibos de sueldo presentados para tramitar los créditos, comprobantes de facturación, de consumos, gastos e ingresos presentados por el titular del préstamo, así como por cotitulares y codeudores.

También “deberá obtenerse una copia del contrato de preaprobación del crédito firmado por los interesados así como la forma de notificación de aquella decisión, la identificación de las cuentas bancarias asignadas para el cobro de los servicios financieros contratados”.

Complementariamente, se busca obtener los manuales de procedimiento del Departamento de “Riesgos crediticios” de la entidad bancaria, así como informar si en los casos enunciados se cumplieron los estándares normativos fijados y si se emitió algún tipo de Reporte de Operación Sospechosa”.

El Nación también deberá redactar un informe que contenga las modificaciones o flexibilizaciones en el marco legal y normativo, así como las comunicaciones, circulares e instrumentos técnicos que rigen el procedimiento de otorgamiento de créditos hipotecarios de la entidad para la cartera general de clientes.

Ese informe debe consignar también la línea de créditos para empleados o funcionarios de la administración pública nacional, “de organismos descentralizados/autárquicos y legisladores nacionales desde diciembre de 2023 hasta la actualidad”.

Junto con las medidas de prueba impulsadas, Lijo ordenó una auditoria a la AGN. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, se le requirió a la entidad que depende del Congreso una auditoria para que “analice la política crediticia del Banco Nación, que analice toda la normativa y determine posibles irregularidades en los otorgamientos de los créditos a funcionarios públicos o en la política crediticia”.